SEDAPAL informará en juzgado constitucional sobre riesgo de obras de Minera Ariana.
En un comunicado de SEDAPAL del 16 de febrero de 2021 esta empresa prestadora de servicios de agua y saneamiento informó lo siguiente:
"...las actividades que tiene previstas realizar la Minera Ariana podrían generar impactos negativos en la estabilidad del túnel trasandino, así como (en) el caudal y la calidad de las aguas que trasvasa hacia el río Rímac" (ver enlace aquí).
El título de este Blog es provocativo, pero sólo eso. No creo que minería y agua se opongan, lo que no quiere decir que el Estado no deba vigilar los riesgos o potenciales riesgos existentes de esta actividad.
De acuerdo a Anddes -empresa especializada en servicios de asesoría en proyectos ambientales, de ingeniería y de construcción, en especial en minería y energía- "Ariana es una mina de cobre, zinc, oro y plata... ubicada en la Provincia de Yauli, Región Junín en el rico cinturón polimetálico del centro de Perú y está a 45 km de la Carretera Central, a una altura de 4.500-5.000 metros sobre el nivel del mar".
Con relación a las obras previas al inicio de actividades de esta mina (previstas para el 2024), el día de mañana 04.03.2021 a las 10:30 am se realizará una audiencia en el Sexto Juzgado Constitucional de Lima (expediente N° 02438-2019-0-1801-JR-DC-06) en la que la juez escuchará la solicitud de SEDAPAL para ser incorporada al proceso como "tercero coadyuvante", es decir, un interesado activo en el proceso que apoyará a la parte demandante (1).
Veamos una imagen de lo que informa el Poder Judicial en su link "Consulta de Expedientes Judiciales" (CEJ):
Lo curioso de este proceso -y que me llamó la atención- es que la demanda no sólo se plantea contra la Minera Ariana, sino contra 14 entidades del Estado. Quienes demandan son Marisa Glave Remy y Katia Giolvonio Condezo -políticas peruanas del ala de izquierza- así José De Echave Cáceres, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú. Veamos otra imagen del CEJ:
La participación como codemandas de varias entidades del Estado se debería a que ya fue aprobado, en el año 2016, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de esta mina.
Me pregunto qué posición adoptará el Poder Ejecutivo: ¿sostendrá de plano que todo está bien o se comprometerá a analizar la información de SEDAPAL?
El diario Gestión informa en su artículo "Sedapal pide al PJ suspender proyecto minero en Junín ante posible afectación del agua" (ver noticia aquí):
Según (escrito) enviado el último 4 de enero por Sedapal al Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la empresa estatal advierte que de continuar el proyecto significará una “una afectación irreparable a los derechos constitucionales como: el acceso al agua, el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, y el derecho fundamental a la salud” [el resaltado es mío] (2).
Este Blog no tiene como propósito tomar partido por una u otra parte, sino informar sobre la existencia de este importante proceso y la vital relevancia de la decisión que tomará el Poder Judicial -en particular en su(s) sentencia(s)- respecto de la continuidad de las obras de esta minera tal como están contempladas hasta ahora y su impacto sobre millones de peruanos.
Actualización de VolverEnU al 28.05.2021:
A fin de mantenerlos actualizados en estos tiempos donde la batalla contra el COVID-19 o la inminente elección presidencial son los temas que captan la mayor atención de la población -eclipsando o poniendo bajo riesgo de pasar inadvertidos importantes acontecimientos como este- les informo que el Sexto Juzgado Constitucional de Lima aún no va a resolver la materia de fondo, sino un aspecto tangencial como es la intervención de SEDAPAL en el proceso bajo cierta categoría procesal:
Considero que es indispensable que SEDAPAL forme parte del proceso -aparentemente ya lo está- siendo secundario bajo qué figura procesal.
También es sumamente importante que el Estado y SEDAPAL pongan la existencia de este debate judicial a conocimiento de la opinión pública y de la prensa, de tal manera que las partes involucradas -sectores público y privado- sepan que están bajo la atenta mirada de la población.
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(1) A propósito de este listado, también me llama la atención que SEDAPAL ya sea parte demandada (véase en la segunda imagen del CEJ: es la sexta entidad nombrada antes de llegar a la última). Eso significaría, a mi entender, que SEDAPAL quiere cambiar de posición en el proceso, pasando a apoyar a la parte demandante.
(2) Encontrará en este link información técnica -incluyendo planos- referida a las obras del proyecto minero, en 95 folios.